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La Procuraduría de la Ética Pública se sumó a la causa penal abierta por la Fiscalía General contra el exmagistrado Celso Gamboa y el empresario Juan Carlos Bolaños por el polémico viaje que realizó el primero a Panamá en 2016 y que habría sido costeado por el segundo.

En un escrito enviado a la Fiscalía el viernes anterior, el ente procurador confirmó que presentará una querella y acción civil resarcitoria en la causa abierta bajo el expediente 17-000015-0033-PE. 

La Fiscalía había dado el jueves tres días a la Procuraduría para que confirmara si quería constituirse en querellante y demandar un monto económico por daños y perjuicios.

El Ministerio Público aseguró el jueves anterior que, según la investigación, tanto los tiquetes de avión como el hospedaje del también exministro de Seguridad fueron cubiertos por el grupo económico de Bolaños.

En la causa también figura un primo del empresario de apellidos Rojas Segura, quien según la Fiscalía habría hecho el pago por solicitud del empresario. 

“En apariencia, como resultado del beneficio otorgado, el exmagistrado efectuó un acto contrario a sus deberes como magistrado de la Sala de Casación Penal, al no inhibirse de resolver la solicitud de desestimación de la causa 15-000022-0033-PE, en la que se señaló a los exdiputados Morales Zapata y Guevara Guth, además de los imputados Céspedes Salazar y Bolaños Rojas, por un presunto delito de tráfico de influencias en favor de este último”, indicó la Fiscalía.

“Por estos hechos se acusa a Gamboa por el presunto delito de cohecho propio, al empresario por un supuesto delito de penalidad del corruptor bajo la modalidad de cohecho propio y a Rojas por presunta penalidad del corruptor en calidad cómplice”, añadió.

Otros hechos

La acusación también hace referencia a hechos ocurridos el 18 de abril de 2017. Supuestamente, Gamboa y Bolaños se encontraron afuera del edificio de los Tribunales del Primer Circuito Judicial de San José. 

“Se cree que Gamboa, en su condición de juez de la Sala III, digirió y acompañó a Bolaños hasta el área exclusiva para personal de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, donde, en el escritorio de la Coordinación Judicial, se sospecha que Bolaños solicitó que se emitiera un documento en el que constaba que no existía ninguna causa abierta en su contra, gestión que fue realizada”, detalla la acusación.

Según la Unidad Especializada, el exmagistrado habría impuesto su condición de jerarca del Poder Judicial para conseguir una ventaja indebida en favor de Bolaños, por lo que le acusa por el presunto delito de tráfico de influencias.

El documento también plantea que Gamboa “faltó a la verdad estando bajo fe de juramento, pues, supuestamente, mintió en algunas de sus afirmaciones; entre estas, sobre la forma de adquisición del boleto y hospedaje en Panamá, así como sus traslados en ese país, y acerca de la habitualidad de su contacto con Bolaños. Por ello, la Fiscalía le imputa el presunto delito de perjurio”.

Ese hecho hace referencia al 24 de octubre del 2017, cuando Gamboa Sánchez compareció ante una Comisión Especial de la Asamblea Legislativa.

Al importador de cemento se le acusa, además, por el presunto delito de falso testimonio. Al parecer, el 14 de diciembre de 2017, faltó a la verdad frente al órgano director de un proceso disciplinario, el cual fue ordenado por Corte Plena.

“En apariencia, el importador de cemento mintió sobre hechos que eran de su conocimiento, entre otros, acerca del tiempo que tenía de conocer al entonces magistrado Gamboa y la frecuencia de sus comunicaciones; además, respecto de los motivos del viaje de este a Panamá y el desconocimiento de la forma de pago del tiquete y hospedaje”, explica el Ministerio Público.

En la eventual audiencia preliminar ante el Juzgado Penal de Hacienda, la representación fiscal expondrá su acusación y solicitará que el caso se eleve a un juicio oral y público.